Una mirada jurídica al 20 de julio: cuando la insubordinación se volvió fundamento

Todos los años, el 20 de julio, Bogotá se llena de banderas y de discursos, y casi nadie se detiene a pensar en lo que jurídicamente ocurrió esa tarde de 1810. Se cuenta la anécdota del florero como si fuera folclor, un pretexto casi cómico para lo que vino después. Pero detrás del incidente hay algo que a mí, como penalista, me sigue pareciendo fascinante: ese día un grupo de criollos cometió, en términos estrictamente legales, un acto de insubordinación contra la autoridad constituida. Lo que hoy conmemoramos como gesta fundacional habría sido, bajo cualquier lectura contemporánea del orden que pretendían defender, una conducta perseguible.

Eso no es una provocación gratuita. Es, de hecho, el punto de partida de casi cualquier proceso de independencia: la legalidad de un régimen y la legitimidad de quienes lo impugnan rara vez coinciden en el momento en que ocurren los hechos. El cabildo abierto que se convocó esa noche no tenía respaldo en las normas coloniales vigentes. Se apoyaba en algo distinto, en una idea que el derecho tardaría en nombrar con precisión pero que ya estaba operando: la soberanía no reside en quien ostenta el poder, sino en quienes están dispuestos a sostenerlo con consecuencias.

Hay una frase de esa jornada que nunca me ha dejado de conmover, aunque la haya leído decenas de veces. Cuando la Junta dudaba y el ambiente se enrarecía, José Acevedo y Gómez subió a arengar a la multitud con una advertencia que todavía suena actual: "Santafereños: si no aprovecháis estos momentos de efervescencia y calor, si no aprovecháis esta ocasión única y febril, ¡mañana mismo! seréis tratados como sediciosos, como insurgentes; ved los grillos, ved las cadenas que os esperan." No es una frase jurídica en sentido técnico, pero condensa mejor que cualquier norma la idea de que el derecho, cuando ya no representa a quienes debe proteger, deja de merecer obediencia.

Yo trabajo todos los días con clientes que, de una u otra forma, quedan atrapados en esa misma tensión entre lo que la norma dice y lo que las circunstancias exigen. No estoy comparando a un empresario investigado con los próceres de 1810 — sería una exageración injusta para ambos —, pero sí me interesa la pregunta de fondo: ¿qué tanto puede el derecho penal capturar la complejidad real de una decisión tomada bajo presión, con información incompleta, en medio de instituciones que no siempre funcionan como deberían? El 20 de julio nos recuerda que la ley, en su letra fría, no siempre distingue entre el oportunista y el que actúa por convicción.

Hay otro punto que casi nunca se menciona en los actos oficiales: la Independencia no fue un hecho jurídico limpio ni instantáneo. Tomó más de una década de guerra, de actas de constitución provisionales, de cabildos que se disolvían y se reconstituían, de una Patria Boba que fracasó precisamente porque nadie se puso de acuerdo sobre qué reemplazaría al orden que acababan de derribar. El derecho constitucional que hoy damos por sentado —separación de poderes, debido proceso, garantías individuales— no nació el 20 de julio. Nació del ensayo y error de gente que tuvo que construir instituciones nuevas mientras las viejas todavía intentaban reafirmarse.

Creo que ahí está la lección que más vale la pena rescatar, más allá de la fecha en el calendario: las instituciones sólidas no son un punto de partida, son un resultado. Se construyen después de que alguien tuvo el criterio —y el riesgo— de cuestionar lo que hasta entonces parecía inamovible. Como abogado penalista, paso buena parte de mi tiempo defendiendo el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a una defensa técnica seria. Son garantías que muchas veces se dan por descontadas, pero que existen precisamente porque hace más de dos siglos alguien decidió que el orden vigente no bastaba.

Este 20 de julio no quiero hacer un panegírico más. Prefiero quedarme con la incomodidad de la pregunta original: qué tan cerca o qué tan lejos estamos, doscientos años después, de haber resuelto la tensión entre legalidad y legitimidad que inauguró aquella tarde en la Plaza Mayor. Sospecho que la respuesta honesta es que seguimos en eso, todos los días, en cada proceso, en cada institución que insistimos en hacer funcionar mejor.