La intervención se adapta a la naturaleza del asunto y a la etapa en que se encuentre. Los servicios descritos corresponden a actuaciones específicas dentro de las áreas de práctica, son enunciativos y no limitan el alcance general de la representación profesional.
La defensa penal debe responder a la condición de la persona involucrada, al contexto en que ocurrieron los hechos y a los riesgos jurídicos, personales, patrimoniales e institucionales derivados del proceso.
Representación de personas investigadas, capturadas, imputadas, acusadas o procesadas por delitos de diversa naturaleza, desde las primeras actuaciones hasta el juicio y los recursos correspondientes.
Consultar este servicio →Defensa de servidores y exservidores públicos en investigaciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones, la contratación estatal, el manejo de recursos públicos y decisiones administrativas con posible incidencia penal.
Consultar este servicio →Defensa en investigaciones y procesos en los que se atribuya pertenencia, colaboración, financiación o actuación vinculada con organizaciones criminales, incluidos Grupos Armados Organizados —GAO—, Grupos Delictivos Organizados —GDO—, Grupos Armados Organizados Residuales —GAOR— y otras estructuras de alto impacto. La práctica comprende asuntos relacionados con concierto para delinquir, narcotráfico, extorsión, lavado de activos, testaferrato y conductas conexas.
La clasificación de una estructura como Grupo Armado Organizado —GAO— o Grupo Delictivo Organizado —GDO— no constituye una denominación puramente descriptiva. Puede incidir en las herramientas de investigación aplicables, la duración de las medidas de aseguramiento, las causales de libertad y la competencia del juez que interviene en el asunto. La defensa comprende el examen de la existencia y características de la organización atribuida, la posición concreta asignada a la persona investigada, la individualización de su conducta y el fundamento fáctico, probatorio y jurídico utilizado para vincularla con la estructura. La sola atribución de pertenencia, colaboración o cercanía con una organización no sustituye la prueba de la responsabilidad penal individual.
También pueden aparecer en las investigaciones denominaciones como Grupos Armados Organizados Residuales —GAOR—, Grupos de Delincuencia Común Organizada —GDCO— y Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto —EAOCAI—. Estas clasificaciones institucionales, operativas o de política pública deben diferenciarse de las categorías jurídicas expresamente reguladas por la Ley 1908 de 2018 y no pueden aplicarse automáticamente sin establecer su fundamento y sus consecuencias en el caso concreto.
La intervención puede incluir actuaciones urgentes, interrogatorios, audiencias de imputación, solicitudes de medida de aseguramiento, controversias sobre competencia, solicitudes de libertad, preparación del juicio, recursos y coordinación con defensas patrimoniales o procesos de extinción de dominio derivados de los mismos hechos.
Referencia jurídica: Ley 1908 de 2018 y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, AP3406-2023.
Consultar este servicio →La intervención temprana permite anticipar riesgos, preservar evidencia y preparar una respuesta antes de que las decisiones procesales produzcan efectos difíciles de revertir.
Evaluación de riesgos antes de una captura, imputación o vinculación formal, orientada a preservar evidencia, anticipar escenarios y preparar una respuesta jurídica oportuna.
Consultar este servicio →Asistencia en capturas, allanamientos, registros, incautaciones, interrogatorios y audiencias preliminares, sujeta a disponibilidad profesional.
Consultar este servicio →Defensa frente a solicitudes de medida de aseguramiento, sustitución o revocatoria de medidas, libertad por vencimiento de términos y demás actuaciones relacionadas con la restricción de la libertad.
Consultar este servicio →Preparación y asistencia jurídica en interrogatorios de indiciado, entrevistas ante autoridades y declaraciones con posible incidencia penal. La intervención comprende la evaluación previa del contexto, la explicación de derechos y riesgos, la preparación de la diligencia y el acompañamiento profesional cuando resulte procedente. La decisión de declarar, guardar silencio o responder determinadas preguntas se adopta después de revisar las circunstancias particulares del asunto.
Consultar este servicio →Evaluación y negociación de preacuerdos, principios de oportunidad, aceptación de cargos y otros mecanismos de terminación anticipada, cuando resulten jurídicamente convenientes. Estos mecanismos no se promueven de manera automática: dependen de la prueba disponible, la exposición penal y las alternativas de defensa. También deben evaluarse sus posibles efectos patrimoniales, disciplinarios, fiscales, administrativos y reputacionales.
Consultar este servicio →La revisión de decisiones exige identificar con precisión el error jurídico, probatorio o procesal y utilizar el mecanismo adecuado dentro del término correspondiente.
Preparación, sustentación y oposición de recursos de apelación contra sentencias y demás decisiones que afecten la libertad, la prueba o el desarrollo del proceso.
Consultar este servicio →Estudio de sentencias de segunda instancia, evaluación de procedencia, selección de la causal aplicable, estructuración de cargos y presentación de demandas de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Consultar este servicio →Evaluación y presentación de acciones de revisión contra sentencias ejecutoriadas cuando se configure alguna de las causales extraordinarias previstas por la ley.
Consultar este servicio →Protección de derechos fundamentales afectados dentro de investigaciones y procesos penales, incluidas acciones contra providencias judiciales cuando se cumplan los requisitos excepcionales de procedencia.
Consultar este servicio →La casación, la acción de revisión y la tutela no constituyen nuevas instancias. Su procedencia depende del cumplimiento de requisitos jurídicos y técnicos específicos.
Algunos asuntos requieren un análisis técnico previo e independiente antes de definir una estrategia, interponer un recurso o asumir una representación. Estos estudios tienen alcance, metodología y honorarios propios y se cotizan separadamente de la consulta jurídica inicial.
Evaluaciones documentales y estratégicas orientadas a establecer riesgos, viabilidad jurídica y posibles cursos de acción antes de asumir una actuación o representación.
El análisis de viabilidad no incluye la elaboración del recurso, la demanda de casación ni la representación posterior, salvo contratación expresa y separada.
La intervención penal también comprende la protección de los derechos de las víctimas y la defensa de bienes afectados por medidas cautelares o procesos de extinción de dominio.
Intervención en favor de víctimas durante la investigación y el proceso penal, con participación en audiencias, solicitudes probatorias, protección de derechos y reparación integral.
Consultar este servicio →Defensa de propietarios, empresas y terceros de buena fe en procesos de extinción de dominio, medidas cautelares y afectaciones sobre inmuebles, sociedades, cuentas y otros activos.
Consultar este servicio →Representación en asuntos penales con componente transnacional, solicitudes de cooperación y riesgos derivados de actuaciones promovidas en otras jurisdicciones.
Asesoría y representación en solicitudes de extradición, asistencia judicial internacional, órdenes de captura con componente transnacional y coordinación con abogados de otras jurisdicciones.
Consultar este servicio →Evaluación jurídica de notificaciones rojas, alertas internacionales y riesgos de detención derivados de mecanismos de cooperación penal internacional.
Consultar este servicio →La defensa empresarial exige comprender simultáneamente el proceso penal, la operación corporativa, la exposición patrimonial y el impacto reputacional del asunto.
Investigación reservada de hechos con posible relevancia penal, preservación de evidencia, entrevistas, evaluación de exposición jurídica y formulación de recomendaciones para la organización.
Consultar este servicio →Representación de sociedades, administradores y directivos en investigaciones relacionadas con decisiones empresariales, contratación, operaciones financieras y cumplimiento normativo.
Consultar este servicio →Coordinación de la respuesta jurídica frente a investigaciones con impacto público, institucional o empresarial, considerando los riesgos penales, patrimoniales y reputacionales derivados del asunto.
Consultar este servicio →Revisión independiente de la estrategia, la imputación, la acusación, las decisiones probatorias, las sentencias o los recursos preparados dentro de un proceso en curso. La segunda opinión no implica la sustitución automática del abogado que actualmente interviene ni supone contacto con este sin autorización del cliente.
Consultar este servicio →Coordinación de la estrategia penal con actuaciones disciplinarias, fiscales, administrativas, societarias o sancionatorias derivadas de los mismos hechos, evitando contradicciones y anticipando consecuencias en otros escenarios. La intervención se concentra en la coordinación estratégica con la defensa penal; la representación autónoma en otras especialidades está sujeta al alcance contratado.
Consultar este servicio →Diseño y revisión de programas de cumplimiento, mapas de riesgo penal, protocolos de respuesta a investigaciones, capacitación de directivos y evaluación de controles frente a corrupción, fraude y lavado de activos. El alcance se define según el tamaño, actividad y nivel de exposición de la organización.
Consultar este servicio →Cada asunto requiere establecer la etapa procesal, los términos, la documentación disponible y el alcance de la intervención necesaria. La consulta inicial, los estudios especializados y la representación profesional son servicios distintos y se cotizan de acuerdo con su alcance.