Defensa penal en delitos contra la administración pública
Representación de servidores públicos, exfuncionarios, contratistas, directivos y particulares en investigaciones relacionadas con el ejercicio de funciones públicas, la contratación estatal y el manejo de recursos públicos.
Consultar el casoUna defensa que exige comprender la función pública
Estos procesos no pueden analizarse únicamente desde el Código Penal. Con frecuencia exigen revisar competencias, delegaciones, contratos, decisiones administrativas, informes técnicos y responsabilidades asignadas a cada interviniente.
La defensa parte de reconstruir los hechos, delimitar las funciones reales de cada persona y establecer si se cumplen los elementos concretos del delito investigado.
Asuntos comprendidos
Peculado
Investigaciones relacionadas con la apropiación, utilización o destinación de bienes y recursos sometidos a administración pública.
Cohecho y concusión
Procesos por el ofrecimiento, entrega, solicitud o recepción de beneficios vinculados con el ejercicio de una función pública.
Contratación estatal
Defensa en investigaciones por interés indebido, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y otras conductas asociadas con decisiones contractuales.
Prevaricato y tráfico de influencias
Análisis de decisiones oficiales, conceptos, actuaciones administrativas y posibles intervenciones indebidas ante servidores públicos.
Enriquecimiento ilícito
Estudio del incremento patrimonial investigado, su justificación documental y su posible relación con el ejercicio del cargo.
Responsabilidad de particulares
Representación de contratistas, interventores, empresarios y otras personas que pueden ser vinculadas a investigaciones relacionadas con la administración pública.
¿A quiénes representamos?
La práctica comprende la defensa de servidores públicos y exfuncionarios, alcaldes, gobernadores, ordenadores del gasto, supervisores, interventores, contratistas, particulares y directivos de empresas vinculadas con contratos estatales.
Defensa en todas las etapas
La representación puede comenzar desde las primeras actuaciones y continuar durante todas las etapas del proceso, como parte de la defensa y representación penal:
Una irregularidad no constituye automáticamente un delito
Una deficiencia contractual, presupuestal o administrativa no demuestra por sí sola responsabilidad penal.
Es necesario establecer la competencia de la persona investigada, su intervención concreta, el conocimiento que tenía de los hechos y el cumplimiento de los elementos exigidos por el tipo penal.
La delegación, la supervisión y la participación de otros funcionarios tampoco producen respuestas automáticas. Cada responsabilidad debe examinarse individualmente.
Investigaciones paralelas
Los mismos hechos pueden originar actuaciones penales, disciplinarias, fiscales, administrativas, contractuales o patrimoniales.
La estrategia debe coordinar estos escenarios para evitar contradicciones y proteger integralmente la posición jurídica del cliente.
Preguntas frecuentes
No. La existencia de una irregularidad administrativa no acredita por sí sola responsabilidad penal.
Sí, dependiendo de su intervención, de la conducta investigada y de su relación con la función pública o los recursos administrados.
No necesariamente. Deben examinarse las funciones delegadas, las competencias conservadas y la intervención real de cada persona.
Sí. Son actuaciones diferentes, aunque puedan originarse en los mismos hechos.
Sí. La información suministrada para estudiar el caso está protegida por la reserva profesional.
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