WhatsApp Web dejó de ser únicamente una extensión del chat del teléfono. Desde finales de julio de 2026, Meta empezó a habilitar llamadas de voz y videollamadas, individuales y grupales, directamente desde el navegador. La actualización también incorpora historial de llamadas, transferencia entre dispositivos, pantalla compartida y cifrado de extremo a extremo. Su despliegue es gradual, de manera que la función puede no estar disponible todavía para todos los usuarios.

La novedad parece inofensiva: abrir una pestaña, llamar y continuar trabajando. Sin embargo, cuando WhatsApp Web se utiliza en computadores ajenos, equipos corporativos o sesiones que permanecen abiertas, una herramienta cotidiana puede convertirse en el escenario de acceso indebido a conversaciones, interceptación de comunicaciones, apropiación de archivos, divulgación de datos personales o manipulación de evidencia digital.

El riesgo penal no nace por utilizar WhatsApp. Aparece cuando alguien accede, intercepta, obtiene, conserva, modifica o divulga información sin autorización o por fuera de los límites que le fueron permitidos.

Una sesión abierta no equivale a una autorización ilimitada

Es frecuente que WhatsApp Web permanezca abierto en un computador de oficina, un equipo familiar o una máquina compartida. Que la sesión esté disponible en la pantalla no significa que cualquier persona pueda revisar libremente las conversaciones, descargar documentos, copiar fotografías o utilizar la cuenta.

El Código Penal colombiano sanciona el acceso a un sistema informático cuando ocurre sin autorización o por fuera de lo acordado. La norma también contempla a quien permanece dentro del sistema contra la voluntad de quien tiene derecho a excluirlo. Por eso, el análisis no depende exclusivamente de que se haya vulnerado una contraseña: también importa si la persona excedió el acceso que realmente le había sido autorizado.

Un trabajador puede estar autorizado para utilizar un computador, pero no necesariamente para ingresar a la cuenta personal de WhatsApp de otro empleado. Una pareja puede conocer la clave del equipo, pero no por ello queda autorizada para extraer conversaciones privadas. Un técnico puede recibir acceso para resolver una falla, sin quedar facultado para revisar archivos, chats o llamadas que no guardan relación con su labor.

En estos casos, la frontera penal está en la autorización concreta, su alcance y la conducta realizada después del acceso.

Interceptar una llamada no es lo mismo que participar en ella

Las nuevas llamadas de WhatsApp Web también obligan a distinguir entre escuchar una conversación propia y capturar una comunicación ajena.

El Código Penal sanciona la interceptación de datos informáticos sin orden judicial previa, tanto cuando ocurre en el origen o destino de la información como dentro del sistema que la transporta. También castiga a quien ilícitamente intercepta, controla o se entera del contenido de una comunicación privada dirigida a otra persona. Si posteriormente revela o utiliza ese contenido en provecho propio o en perjuicio de alguien, la respuesta penal puede agravarse.

No toda grabación realizada por un particular es automáticamente delictiva o inadmisible. La jurisprudencia ha reconocido escenarios excepcionales en los que una víctima puede grabar una conversación de la que participa para preconstituir prueba de un delito. Pero esa posibilidad no autoriza a terceros ajenos a instalar mecanismos de escucha, ingresar subrepticiamente a una sesión o registrar conversaciones privadas en las que no intervienen. La licitud depende de quién graba, cómo obtiene la información, cuál era la expectativa de intimidad y para qué pretende utilizarla.

La diferencia es decisiva: participar en una llamada no equivale a interceptar una conversación ajena.

Descargar y divulgar datos también puede tener relevancia penal

WhatsApp Web puede contener números telefónicos, fotografías, documentos de identidad, información financiera, datos médicos, expedientes, conversaciones familiares y archivos empresariales. La Ley 1581 de 2012 exige que el tratamiento de datos personales respete principios como finalidad, libertad, seguridad, acceso restringido y confidencialidad.

Pero algunos comportamientos pueden superar el ámbito administrativo y entrar en el derecho penal. El artículo 269F del Código Penal sanciona a quien, sin estar facultado y con provecho propio o de un tercero, obtiene, compila, sustrae, ofrece, vende, intercambia, envía, intercepta, divulga, modifica o emplea datos personales contenidos en archivos, bases de datos o medios semejantes.

No basta, por tanto, con afirmar que la información “ya estaba abierta” o que fue encontrada accidentalmente. Será necesario establecer qué hizo la persona después de verla, si la copió, la compartió, la utilizó para presionar a alguien, obtuvo una ventaja o causó un perjuicio.

La conducta puede ser especialmente grave cuando se aprovecha la confianza de quien entregó el equipo, existe un vínculo contractual o la información se revela en perjuicio de otra persona, circunstancias previstas como factores de agravación dentro de los delitos informáticos.

El historial demuestra una llamada, no necesariamente su contenido

WhatsApp Web incorpora una pestaña con historial de llamadas. Ese registro puede ser útil para demostrar que una comunicación ocurrió, identificar cuentas vinculadas y establecer una referencia temporal. No prueba automáticamente qué se dijo durante la llamada.

En una investigación penal, la existencia de una llamada y su contenido son cuestiones diferentes. El contenido puede reconstruirse mediante una grabación lícita, mensajes posteriores, documentos compartidos, testimonios, metadatos o actuaciones coherentes con lo conversado.

La Ley 527 de 1999 reconoce la admisibilidad de los mensajes de datos y prohíbe negarles eficacia por el solo hecho de ser electrónicos. Sin embargo, su fuerza probatoria depende de condiciones como integridad, conservación, origen, destino, fecha, hora y confiabilidad del método utilizado.

Una captura aislada puede tener utilidad, pero también puede ser discutida por falta de contexto, atribución o integridad. Por eso, cuando una conversación de WhatsApp puede ser relevante para una denuncia o una defensa, resulta prudente conservar el dispositivo, evitar modificaciones innecesarias, documentar la forma en que se obtuvo la información y preservar los archivos originales.

La peor decisión suele ser editar, reenviar repetidamente o reconstruir la conversación únicamente mediante capturas recortadas.

La evidencia digital puede favorecer la denuncia o destruirla

En asuntos relacionados con amenazas, extorsión, fraude, acoso, corrupción, suplantación o divulgación de información privada, WhatsApp puede contener una parte decisiva de la evidencia. Pero la existencia de mensajes o llamadas no reemplaza el análisis jurídico.

Una estrategia penal seria debe establecer quién controlaba la cuenta, quién tenía acceso al dispositivo, cómo se obtuvo el contenido, si existía autorización, si la información fue alterada y qué relación conserva con el hecho investigado.

También debe examinarse la licitud de la prueba. Una evidencia aparentemente contundente puede ser excluida si fue obtenida mediante una intromisión incompatible con la intimidad o con las garantías del debido proceso, un debate que en los casos más complejos puede terminar sosteniéndose hasta la casación penal y otros recursos extraordinarios. La jurisprudencia constitucional ha reiterado que las grabaciones realizadas en espacios privados sin consentimiento u orden judicial pueden vulnerar la intimidad, sin perjuicio de excepciones estrictas desarrolladas para víctimas que buscan preconstituir prueba de un delito.

El punto no es desconfiar de toda evidencia digital. Es comprender que su utilidad depende tanto de lo que muestra como de la forma en que fue obtenida y preservada.

Una actualización tecnológica con consecuencias penales conocidas

Las llamadas y videollamadas de WhatsApp Web no crean nuevos delitos. Lo que hacen es trasladar a una pestaña del navegador riesgos que ya existían: acceso abusivo, interceptación de datos, violación ilícita de comunicaciones, divulgación de información personal y obtención irregular de evidencia.

La facilidad de uso puede producir una falsa sensación de ausencia de límites. Pero una sesión abierta sigue siendo privada; una cuenta accesible no queda disponible para cualquiera; y una conversación importante no se convierte automáticamente en prueba válida por haber ocurrido mediante WhatsApp.

Cuando una cuenta, una llamada o una conversación puede estar vinculada con una investigación penal, actuar con rapidez sobre la evidencia es importante. También lo es evitar accesos adicionales, publicaciones impulsivas o manipulaciones que dificulten después demostrar su origen e integridad.