Esta semana "chatgpt" escaló en Tendencias de Google Colombia con un salto de más del 100% en volumen de búsqueda. La lectura más probable no es un fenómeno exclusivamente colombiano ni una novedad cultural: es una incidencia técnica de OpenAI que llevó a miles de personas a buscar el servicio para intentar entrar, confirmar si estaba caído o entender qué pasaba. Lo que me interesa no es el pico de búsquedas en sí, sino lo que revela sobre la exposición legal de las empresas que hoy dependen de estas herramientas para operar.
OpenAI reconoció dos problemas activos: errores intermitentes al cargar o continuar conversaciones, cuya mitigación seguía en seguimiento, y fallas en la generación de imágenes, sobre las que publicó una actualización el 27 de julio. La ventana temporal coincide con el pico de búsquedas: la tendencia subió con fuerza poco después de reconocerse las fallas. Vale aclarar algo que se malinterpreta con frecuencia: el "20 mil+" de un reporte de tendencias no cuenta usuarios, sino volumen de búsqueda agregado en un periodo; el "+100%" indica que la consulta duplicó su nivel esperado, y "Activa" señala que la búsqueda sigue por encima de lo habitual. Son métricas de interés público, no un censo de afectados.
La pregunta jurídica empieza aquí: para toda empresa que integró ChatGPT u otra API de IA en atención al cliente, generación de documentos o flujos internos, una interrupción de este tipo no es un imprevisto imprevisible, es un riesgo de continuidad de negocio perfectamente previsible que debía estar contemplado en el contrato. Los términos de servicio de la mayoría de proveedores de IA incluyen cláusulas de disponibilidad limitada (SLA débiles o inexistentes) y exoneraciones amplias de responsabilidad, muchas veces invocando fuerza mayor o caso fortuito ante cualquier caída. El problema no es que el proveedor se exonere; es que esa exoneración no protege a la empresa contratante frente a sus propios clientes cuando, por la falla del proveedor, incumple lo que ella sí se obligó a entregar.
Durante una interrupción o un reinicio de servicio queda además una zona gris relevante en materia de datos personales: qué ocurre con las conversaciones, documentos o información cargada mientras el sistema fallaba. Bajo la Ley 1581 de 2012, la empresa que usa la herramienta sigue siendo la responsable del tratamiento frente a sus propios clientes o empleados, incluso cuando delega el procesamiento técnico a un tercero como encargado. La falla del proveedor de IA no traslada ni diluye esa responsabilidad: si hay una exposición o pérdida de información durante el incidente, quien debe responder frente al titular de los datos —y frente a la Superintendencia de Industria y Comercio— es la empresa contratante, no OpenAI.
De ahí que mi recomendación para directivos y áreas de compliance sea concreta: antes de integrar cualquier herramienta de IA a un proceso crítico, hay que revisar con asesoría jurídica si el contrato define niveles de disponibilidad con consecuencias reales (no solo aspiracionales), si existe un acuerdo de tratamiento de datos claro sobre el rol de encargado del proveedor, y si la empresa cuenta con un procedimiento manual de contingencia para no depender enteramente del sistema cuando este falla. Una caída de dos o tres horas no debería convertirse en un incumplimiento contractual con un cliente propio, y solo no lo hace si esa contingencia se pensó antes, no durante la falla.
El pico de búsquedas de esta semana es, en sí mismo, anecdótico: se resolverá en horas y quedará como una nota más en el historial de incidentes de OpenAI. Lo que no debería resolverse en horas es la pregunta de fondo que deja: cuánta operación empresarial —y cuánta responsabilidad legal frente a terceros— depende hoy de un servicio sobre el que la empresa no tiene ningún control ni, muchas veces, ninguna cláusula contractual que la proteja. La diligencia debida no es buscar "ChatGPT caído" en Google; es saber, antes de que eso ocurra, quién responde y bajo qué términos cuando la herramienta falla.